De acuerdo con el Inegi, los organismos públicos de derechos humanos hicieron seis veces más servicios de atención que los realizados por la CNDH en 2019.
De acuerdo con la solicitud de información 3510000107320, las quejas presentadas ante la CNDH se comenzaron a formalizar en 2019, en el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló actos de corrupción en la compra de estos fármacos en años anteriores, y atribuyó el retraso en la entrega de medicamentos a un “complot” de empresas para impedir la adquisición de insumos.
De acuerdo con la solicitud de información 3510000107320, las quejas presentadas ante la CNDH se comenzaron a formalizar en 2019, en el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló actos de corrupción en la compra de estos fármacos en años anteriores, y atribuyó el retraso en la entrega de medicamentos a un “complot” de empresas para impedir la adquisición de insumos.
Indicó que actualmente padres de familia buscan ampararse para que sus hijos no interrumpan su tratamiento, y recordó que continúan recabando 125 mil firmas para lograr presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Ciudad de México, con el fin de garantizar el abasto de medicamentos y quimioterapias.
El ex primer visitador del organismo que llevaba el caso, José Martínez Cruz, renunció a su cargo a finales de agosto de este año, a pesar de que, de acuerdo con padres de familia, era empático con las causas y el único que mencionó que las quejas por el desabasto de medicamento ya podían proceder de oficio, incluso Rivas recordó que el ex funcionario fue cesado luego de una diferencia que tuvo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras la renuncia, quien ocupó durante ocho meses el puesto en la CNDH mencionó que dejó su cargo para no “aceptar indicaciones de otras personas que no tienen atribuciones dentro de la CNDH (…) y no la decisión jerárquica y burocrática que tú misma (Rosario Piedra) dijiste que íbamos a combatir y que desafortunadamente se ha impuesto para tomar decisiones que afectan y laceran su función sustantiva de defender a las víctimas y no subordinarse a nadie”.
“La cifra de víctimas registradas en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos fue de 110 mil 864: en la CNDH 27 mil 850 y en los organismos públicos de derechos humanos 83 mil 14. Los hombres representaron 53.4%, las mujeres 43.5% y los grupos vulnerables 1.4%; para el resto (1.7%) no fue posible indentificar el sexo y el tipo de víctima”, indica el Inegi.