Ministropropone declarar inconstitucional consulta de juicio a ex presidentes
AGENCIAS
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN), Luis Mara Aguilar, consider «un concierto de inconstitucionalidades» la solicitud de consulta popular del presidente Andrs Manuel Lpez Obrador para enjuiciar a sus antecesores Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Caldern y Enrique Pea Nieto.
En el proyecto revisin de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020 detalla que la Corte considera improcedente el ejercicio, toda vez que conlleva en s una restriccin de los derechos humanos y una afectacin a las garantas.
El proyecto ser discutido en la sesin del Pleno de la SCJN el prximo 1 de octubre, y en caso de avalarse el proyecto de Aguilar Morales se notificar esta determinacin al Senado y se declarar como asunto definitivamente concluido porque la ley no establece ningn medio de impugnacin.
El ministro manifest que «si bien cada uno de los motivos expuestos es por s solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular».
«La suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecucin de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectacin de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos», seal.
El proyecto agrega que no puede someterse a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restriccin de los derechos humanos ni de sus garantas de proteccin, por lo que la solicitud del Ejecutivo Federal «advierte por las mltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida».
«Una vez delimitado lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nacin considera que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseo y contenido, conlleva en s una restriccin de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectacin a las garantas para su proteccin, al condicionar su efectividad y ejecucin al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propsito y finalidad», detalla.
El ministro que en caso de acreditarse un sancin penal o administrativa a los ex presidentes mencionados, «escapa a la opinin y consulta de la ciudadana mexicana, debido a que en atencin al derecho de acceso a la justicia y a la reparacin de las vctimas, ofendidos y a las posibles vctimas indirectas de esos supuestos delitos» y «las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona».
